La participación popular, clave para garantizar el cambio político

Tres hechos incontrovertibles signan el momento político nacional. El Premio Nobel de la Paz, el cerco militar estadounidense en el Caribe y el intento de una negociación gatopardiana, de notoria inclinación a favor del continuismo dictatorial y para la cohabitación bajo la excusa de la paz. Sin embargo, paradójicamente, el principal protagonista de la historia pareciera ausente. Pero esto debe cambiar.

En Venezuela imperan los deseos de cambio político. Ni siquiera los agentes y funcionarios útiles a la dictadura madurista, se resisten a ese influjo. Este deseo condiciona la actuación de toda la población, incluso, la indiferente. Pero el maniqueísmo y la manipulación mediática buscan desestimular esta disposición social al cambio. Y es eso lo que el liderazgo democrático debe orientar y poner en primer plano para la sociedad.

Por un lado, la dictadura arrecia la represión y establece una vara cada vez más elevada para su superación, obligando a pensar que solo una salida violenta y sangrienta es posible. Al mismo tiempo, promueven, bajo cuerda, “oportunidades de negociación” con factores de los cuales pocos confían, que buscan “salidas ilusorias” para preservar lo sustancial del modelo político y económico instaurado en el país. Por último, se desarrolla una campaña promovida por quienes debieran ser aliados naturales de los venezolanos, cuya narrativa conduce -con o sin intención- a la parálisis y a la inacción, con base en la promesa de un “rescate internacional” que pareciera más bien complicar cada vez más el escenario regional, en lugar de conducir a una solución positiva.

En este escenario, a las mayorías oprimidas y desesperadas terminan empujadas a ser espectadoras de una supuesta solución que no sólo arrebata al pueblo lo sustancial de la soberanía popular, sino que aleja asimismo las posibilidades de que los destinos de la nación tengan la certidumbre del interés nacional y soberano, contenidos en la indelegable participación de la sociedad toda, materia insustituible de la democracia.

Para la Alianza por la Soberanía y la Democracia (ASD), para el progresismo, para los factores del humanismo y la izquierda que defendemos la soberanía y la democracia como base para la conquista de una solución política, hay un mandato popular ya emitido que debe ser concretado. El 28 de julio de 2024 es, inobjetablemente, el punto de partida para cualquier cambio político en el país.

Pero ese mandato tiene su contenido. En él está implícita la disposición mayoritaria de la sociedad a transitar caminos de democracia, soberanía nacional y bienestar. Ningún cambio político que excluya estos tres elementos, podrá resolver la grave crisis histórica que vive la República.

Es vital que el liderazgo político democrático haga honor a las ventajas de legitimidad que se han adquirido, como el respaldo nacional e internacional a la causa venezolana, el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en virtud de la gesta popular del #28J, las palabras del Papa y la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, frente a la pérdida absoluta de legitimidad y ausencia de respaldo social que cerca hoy a la dictadura de Maduro, Cabello, Padrino y los Rodríguez.

Hacer honor a aquella gesta popular implica promover la participación social en cualquier escenario de cambio político, en lugar de relegar al pueblo como espectador de un proceso que debe estar en sus manos. Hacer valer la voluntad popular implica asumir públicamente un conjunto de compromisos que en cualquier escenario de cambio, son mandatarios. La ASD convoca a las fuerzas democráticas, patrióticas y progresistas, a sumar esfuerzos unitarios y militantes por:

● Restitución del orden constitucional en su totalidad, con las implicaciones que tuviera a lugar este proceso, en virtud de que es precondición para el retorno al sentido republicano de nación, soberanía y democracia.

● Exigir y garantizar la publicación de los resultados de las elecciones del 28/07/2024. Esto implica garantizar el sometimiento a la justicia, a los responsables directos de no haber publicado dichos resultados.

● Garantizar la repetición de las elecciones de gobernadores, alcaldes y poder legislativo celebradas en 2025, por su carácter írrito, fraudulento y sin resultados publicados.

● Restitución inmediata de las garantías constitucionales a la participación política: libertad de expresión, apertura de medios clausurados y/o expropiados ilegalmente, restitución al derecho a movilización y a huelga, entre otros derechos civiles y políticos conculcados.

● Legalización y restitución de todos los partidos políticos cuyas autoridades fueron cambiadas de forma ilegal, regreso de siglas partidistas a sus dirigentes originales y legalización de otros partidos políticos que nazcan o hayan nacido en el transcurso.

● Liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, anulación de los juicios en desarrollo contra ciudadanos excarcelados y garantías para el regreso de los exiliados políticos.

● Investigaciones judiciales contra los responsables de las detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones, torturas y violaciones de DDHH contra detenidos, asesinatos de ciudadanos detenidos, detenciones y vejaciones contra familiares de los perseguidos políticos, entre otros actos inconstitucionales, mediante el establecimiento de una Comisión de la Verdad plural, profesional y democrática.

● Restablecimiento inmediato de derechos sociales establecidos con perfecta claridad en la Constitución. Los derechos laborales a salario suficiente y constitucional, contratos colectivos, cálculo de prestaciones sociales, pagos de aguinaldos y vacaciones, y restitución constitucional de las pensiones y jubilaciones.

● Presupuesto inmediato y suficiente para cubrir las necesidades urgentes del todo el sistema educativo y del sistema nacional de salud.

● Desmantelamiento de los cuerpos represivos DGCIM y SEBIN.

● Anulación de todas las leyes que violentan la Constitución: Zonas Económicas Especiales, Contra el Odio, Antibloqueo, Arco Minero del Orinoco, “Simón Bolívar”, Control sobre oenegés, etc.

● Enjuiciamiento inmediato a funcionarios responsables, directos y/o de la cadena de mando, de crímenes de lesa humanidad catalogados así por los informes de las Naciones Unidas y las denunciadas ante la CPI.

Estas premisas, respaldadas activamente por todos los dirigentes sociales y las mayorías nacionales, son la garantía de que el cambio político se puede producir en un sentido positivo, constitucional y genuinamente pacífico, democrático y soberano.

Honrar la dura batalla que ha librado Venezuela es entregarle una República soberana y de futuro a las generaciones por venir. Sin participación del pueblo, no habrá cambio político que pueda sostenerse. Venezuela necesita y merece un futuro de bienestar y progreso para todos.

¡La soberanía reside en el pueblo!

¡El cambio político es con pueblo!

Declaración ASD - Caracas, 25 de octubre de 2025